La Guardia Civil ha descubierto 5.700 toneladas de residuos plásticos que se han contabilizado como recicladas, cuando en verdad se exportaron ilegalmente a países del Sur global.
A su vez, alertan del aumento de incendios en plantas de reciclaje desde la prohibición de entrada de residuos en China, en vez de reciclar los residuos. Se vuelve a demostrar que existe una falta de control y transparencia alarmantes con la gestión de residuos en España.
Las organizaciones que ya denunciaron a España ante la Comisión Europea por incumplir los objetivos de reciclaje de 2020 valoran volver a usar la vía legal para conseguir poner luz sobre una práctica de la que “podemos estar viendo solo la punta del iceberg”.
La investigación del SEPRONA coincide con el informe de alertas tempranas de la Comisión Europa, que advierte a España del peligro de incumplimiento de los objetivos de reutilización y reciclaje en 2025 y le recomienda que introduzca “mecanismos de control que aseguren el cumplimiento de las normas por parte de las administraciones locales y regionales y los productores”.
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Más de una veintena de entidades de la sociedad civil, que representan a la mayoría de territorios del Estado español, califican de “escandalosas” las informaciones conocidas esta semana a raíz de la Operación Plásticos de la Guardia Civil y exigen que, los programas para las próximas elecciones generales del 23 de julio, tengan la gestión de residuos como una prioridad, lo que permita “solventar el fracaso en la recogida selectiva de residuos en España, especialmente en lo que se refiere a los plásticos, sea una prioridad para los partidos políticos”.
Esta misma plataforma de organizaciones que, ya denunció en marzo al Reino de España ante la Comisión Europea por el incumplimiento del objetivo de reciclaje y preparación para la reutilización del 50% en 2020, valora que, tras lo desvelado por la Guardia Civil, “se vuelve a demostrar que no solo estamos hablando de un problema de gestión, sino que existe una falta de control alarmante y una ausencia total de transparencia”.
Esta semana hemos conocido que se ha abierto una causa penal contra ocho personas por el tráfico ilegal de más de 5.700 toneladas de plásticos que, se contabilizaban como recicladas, cuando en realidad se estaban exportando de manera ilícita a países del Sur global. En total, se han realizado más 141 inspecciones por toda España a empresas gestoras de residuos plásticos ante el «aumento de manera alarmante en los últimos años» del tráfico ilegal de residuos, según fuentes del SEPRONA. Y a este fenómeno, se suma el de los incendios en las plantas de tratamiento y vertederos, que está creciendo también de manera exponencial en nuestro territorio desde que China y otros países del sudeste asiático pusieran un veto a la importación de residuos plásticos de Europa. La Guardia Civil señala que cada mes se provocan presuntamente entre uno o dos incendios por la noche, en los que la planta no se ve afectada, indicios que apuntan a incendios intencionados.
“5.700 toneladas no equivalen a uno o dos casos aislados, sino a una práctica sistémica dentro de la gestión de los residuos en España. Ya no se trata solo de que un 60% de los residuos municipales acaben en un vertedero o una planta de incineración, como dicen las estadísticas oficiales, sino que también una parte de lo que se cuenta como reciclada y de la que no sabemos su magnitud, en verdad se está enviando por la puerta de atrás al Sur global. Es un escándalo mayúsculo”, proclaman este grupo de entidades que están valorando volver a usar la vía legal para exigir responsabilidades y conseguir soluciones urgentes.
Ante esta situación, a las organizaciones de esta plataforma no les ha cogido por sorpresa que la Comisión Europea haya advertido precisamente hoy a España que, de no mediar un cambio radical, va a seguir incumpliendo los objetivos de reciclaje y preparación para la reutilización en 2025. A través de su informe de alertas tempranas (Early Warning Report en inglés), realizado por la Agencia Europea de Medio Ambiente, Bruselas sitúa a España en el grupo de los nueve Estados Miembros que están lejos de alcanzar el objetivo de reutilizar y reciclar al menos el 55% de los residuos municipales en 2025 y alerta del grave abuso que existe del uso del vertedero (52% actualmente cuando en 2035 esta cifra tiene que estar por debajo del 10%). También indica específicamente que el porcentaje de recogida separada de plásticos, gestionada por Ecoembes, es extremadamente bajo (20%).
Precisamente, la Comisión recomienda a España que introduzca “mecanismos de control que aseguren el cumplimiento de las normas por parte de las administraciones locales y regionales y de los Sistemas de Responsabilidad Ampliada de los productores para cumplir con los objetivos de reciclaje”, cosa más que evidente tras lo desvelado por la investigación de la Guardia Civil. Al mismo tiempo, Bruselas pide que, por encima de todo, “se apoye la preparación para la reutilización a nivel municipal y los sistemas de reutilización de envases”.
