La nueva Ley Estatal de Residuos y Suelos Contaminados acaba de iniciar su tramitación en el Congreso de Diputados. Es, sin lugar a dudas, la ley más importante de esta legislatura, puesto que de ella se desprenderá la capacidad del Estado español para afrontar los retos contra el cambio climático, con políticas de prevención de residuos como estrategia prioritaria para avanzar hacia una transición ecológica real y justa.
Bajo este prisma, el pasado 21 de junio, Amigos de la Tierra/Amics de la Terra y Rezero, con el apoyo de la Alianza Residuo Cero, organizamos la jornada en streaming “La nueva Ley estatal de Residuos a debate: la meta es el Residuo Cero”, en la que participaron representantes de la mayoría de los grupos políticos del Congreso, así como responsables de las diferentes comunidades autónomas. Las conclusiones de este debate bien merecen una reflexión.
Para entrar en contexto. La Unión Europea establece unos objetivos claros de reciclaje y prevención de residuos que el Estado, en su conjunto, es incapaz de cumplir. Hace solo unos días la Unión Europea emitía el enésimo aviso por incumplimiento de estos objetivos, especialmente en relación a la prevención de envases, y ya son casi 8M € la multa acumulada sólo en el último año. El Estado español es uno de los mayores contaminantes del continente y seguimos anclados en la inacción, dado que el texto de la Ley que acaba de entrar en el Congreso no parece haber sido planteado para impulsar ningún cambio de rumbo en ese sentido.
España como país no avanza, aunque sé algunas de sus regiones y municipios. Es el caso de Baleares, con una Ley de Residuos del 2019 pionera y ambiciosa incluso en el contexto europeo que establece medidas concretas de reducción, objetivos de reutilización y da forma al principio de “quien contamina paga” . O Pontevedra que con su sistema de recogida orgánica ha conseguido la recuperación efectiva del flujo de residuos más importante al que el Estado debe hacer frente con una alta calidad. O Barcelona, que ha implementado el sistema de recogida puerta a puerta en diversos barrios, duplicando los resultados de recogida selectiva en una gran ciudad.
La vitalidad y determinación de estas regiones podría ser a todas luces la fuerza tractora que impulsara el camino del Estado hacia los objetivos de residuo cero fijados. Sin embargo, el texto de la nueva ley que se presenta estos días en el Congreso destaca de forma alarmante por su falta de ambición y concreción. Según Juantxo López de Uralde, Presidente de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, a pesar de ser la ley más importante de la legislatura, el texto que se discute se quedó en los pasados 90, cuando a día de hoy los retos son mucho mayores y mucho más urgentes. A lo que Inés Sabanés (Más País) añade “No vamos a cambiar las cosas haciendo siempre lo mismo”.
Y es que, desde la óptica de los residuos, la jornada nos permitió ver por qué desde España seguimos haciendo lo mismo: La “España paraguas” vs. la “España techo de cristal”.
En la “España paraguas” identificamos a los partidos mayoritarios, cuyos representantes, Daniel Vicente (PSOE) y César Sánchez (PP), afirman que la nueva Ley de Residuos es una ley necesaria, pero el peligro de balcanización rompe cualquier otro argumento. España debe avanzar unida y en armonía y éste es precisamente el espíritu de la nueva ley, una ley paraguas llena de verbos armoniosos como “impulsar”, “fomentar”, “promover”, tan armoniosos como poco resolutivos y continuistas de una ineficaz política de residuos que lleva al Estado al incumplimiento crónico.
En el contexto de avanzar unidos, España baja el listón y las fuerzas tractoras no son bienvenidas. Un hecho que se repite. Por poner un ejemplo, cuando en 2019 territorios como Navarra y Baleares se avanzaron al resto del Estado con Leyes efectivas, éste respondió con procesos jurídicos en el Constitucional y también se respondió de esta manera a los planteamientos “avanzados” del Programa de gestión de residuos de Cataluña. El problema es que la política de residuos que se plantea desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y otros partidos conservadores españoles es que se basa en una visión anacrónica de la sociedad del reciclaje (y aún así se es incapaz de cumplir estos objetivos) en vez de adoptar una visión de futuro basada en la sociedad del residuo cero.
No es de extrañar que lo que para algunos es la “España paraguas” para otros sea la “España techo de cristal”. Para Sebastià Sansó y Vicenç Vidal (Més per Mallorca, Baleares), Xavier Eritja (ERC), Carlos Pérez (Pontevedra), Eloi Badia (Barcelona), la futura ley estatal les debería acompañar en la ambición y no en la limitación. La nueva ley no debería pretender armonizar a la baja dando continuidad al status quo de la mala gestión de los residuos, sino que debería ser un aliciente para los territorios más atrasados y un impulso para que los que estando ya más avanzados, puedan seguir contribuyendo al cambio de paradigma. Si no es así, Europa continuará penalizando al conjunto de territorios españoles y la ciudadanía no sólo acabará pagando estas multas, sino que continuará viendo incumplido su derecho a consumir sin generar residuos y sin que se perjudique su salud.
Sabemos que el camino hacia el residuo cero es como una carrera de obstáculos donde cada participante avanza a su ritmo. Parece de sentido común que, en un momento crucial con la nueva Ley de Residuos en trámite parlamentario, el Estado español mire hacia adelante y no hacia atrás, que sea ambiciosa por llegar a la meta y deje de ser un obstáculo que siga hipotecando a sus territorios en una deficiente gestión de los recursos.